El transporte de mercancías de un lugar a otro es una parte esencial de un negocio. Los fabricantes, mayoristas, transportistas, minoristas y consumidores deben orquestar cuidadosamente el envío y manejo de materias primas, piezas, equipos, bienes terminados y otros productos para mantener el flujo del negocio. Esta armonía en la cadena de suministro es lo que hace posible la producción y el comercio en la sociedad.
En Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, las administraciones tributarias no intervienen mucho en estos procesos comerciales. Hasta hace poco, se podía decir lo mismo de la mayoría de los países de América Latina. Pero con el aumento y la expansión de los mandatos de facturación electrónica en la región, esto está cambiando rápidamente.
La mayoría de los gobiernos con mandatos de facturación electrónica maduros están reconociendo que estos mecanismos y plataformas gubernamentales pueden ser utilizadas como vehículos para comprender dónde, qué, cómo y cuándo se mueven los bienes. La factura electrónica tradicional ya no es suficiente, y las autoridades fiscales están exigiendo a las empresas que informen sobre los movimientos de mercancías en tiempo real.
Las implicaciones también son serias. Es muy probable que las autoridades confisquen los bienes que se trasladen por la vía pública sin esos documentos, y los propietarios y transportistas estarán sujetos a multas y otras sanciones.
Brasil y México lideran el camino
Probablemente Brasil sea el país con el sistema más sofisticado en aplicación. El MDF-e (o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) es un documento obligatorio requerido por la administración tributaria para auditar el movimiento de bienes en Brasil.
Este documento, totalmente digital, combina la información de una factura electrónica (NF-e) y los documentos electrónicos que las empresas de transporte emiten a sus clientes (CT-e). Este sistema se hizo obligatorio en 2014 y desde entonces se ha ampliado y modernizado a través de la implementación de una vasta red de sensores electrónicos y transpondedores colocados en las carreteras públicas de Brasil, con el objetivo de garantizar que todos los camiones que muevan mercancías ya tengan los correspondientes MDF-e, NF-e y CT-e. En la mayoría de los casos, las autoridades no necesitan detener los camiones para verificar la existencia de los documentos.
México emitió recientemente una nueva resolución que exige a los contribuyentes que entreguen bienes, o que simplemente los redistribuyan, contar con la correspondiente autorización de la administración tributaria (SAT). Los productos entregados por carretera, ferrocarril, aire o vías fluviales deben contar con lo que se conoce como CFDI con el complemento Carta Porte.
CFDI es el acrónimo de factura electrónica en México. El complemento Carta Porte es un nuevo anexo a la factura electrónica de traslado emitida por los propietarios que entregan los productos, o a la CFDI de ingresos, emitida por las empresas transportadoras. Carta Porte proporcionará todos los detalles sobre la mercancía que se transporta, el camión u otro medio utilizado, el tiempo de entrega, ruta, destino, comprador y transportista, entre otros datos. Este nuevo mandato entrará en vigor el 30 de septiembre de 2021. Al igual que en Brasil, el incumplimiento de este mandato resultará en fuertes sanciones.
Transporte electrónico en otros lugares de América Latina
Chile también tiene un mandato que requiere que la entrega de bienes sea preautorizada por la administración tributaria. Estos documentos tributarios autorizados se conocen localmente como guías de despacho y desde enero de 2020 solo se pueden emitir en formato electrónico.
Hay algunas excepciones en las que algunos contribuyentes pueden emitir temporalmente la guía de despacho en papel. Asimismo, en casos de contingencia, se podrá autorizar a los contribuyentes a emitir versiones impresas de la guía; sin embargo, esto no eximirá al emisor de regularizar el proceso una vez que dicha contingencia termine.
El contenido de la guía de despacho variará dependiendo de quién la emita y el propósito de la entrega (ventas, consignación, devoluciones, exportaciones, traslados internos, etc.), pero en general, la entrega de mercadería en Chile sin la guía de despacho autorizada estará sujeta a sanciones por parte de la administración tributaria (SII).
Argentina tiene un IVA a nivel federal y un impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial. Para controlar la evasión fiscal, ambos niveles gubernamentales ejercen cierto nivel de control en el proceso de despacho de mercancías dentro de sus jurisdicciones.
El sistema de la autoridad tributaria para controlar el flujo de bienes en las vías públicas no es aún tan envolvente como en Brasil, Chile y México, pero se está acercando. Solo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, y la ciudad de Buenos Aires, requieren autorización de la autoridad fiscal para mover bienes que se originaron o tienen como destino sus jurisdicciones. Para eso, requieren el COT (o Código de Operaciones de Transporte), donde se incluyen todos los datos relacionados con los productos, medios de transporte y otros una vez que se otorga la autorización. Las provincias de Salta, Río Negro y Entre Ríos están trabajando en regulaciones similares.
A nivel federal, la AFIP (administración tributaria federal) solo requiere preautorización para la entrega de ciertos productos como carnes y cereales. Pero a este nivel también, el entorno regulatorio está cambiando.
La AFIP, en conjunto con los ministerios de Agricultura y Transporte, han emitido una resolución conjunta, la 5017/2021, que ordena el uso de un conocimiento de embarque digital (Carta Porte electrónica) siempre que se realice el traslado de productos agrícolas en vías públicas argentinas. Este cambio entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2021. En 2022, este requisito federal podría expandirse a otros productos.
América Latina sienta las bases para las tendencias en facturación electrónica
El requisito de autorización para mover mercancías en América Latina no se limita a las economías de mayor tamaño en la región. Los países más pequeños con sistemas de facturación electrónica han expandido o están en proceso de expandir sus mandatos, para exigir a los contribuyentes que informen a la autoridad tributaria antes de que los bienes se movilicen como resultado de una venta o de algún tipo de distribución interna.
Por ejemplo, Perú requiere de los contribuyentes las llamadas Guías de Remisión antes de que comiencen a entregar sus productos. Este documento electrónico debe ser informado y autorizado por la administración tributaria (SUNAT) utilizando el formato digital establecido para tal efecto e incluir toda la información sobre el producto entregado, emisor, destinatario, medio de transporte, fechas y más.
Uruguay cuenta con los e-Remitos, un documento electrónico autorizado por la administración tributaria (DGI), requerido para cualquier movimiento físico de mercancías en el país. Como en otras naciones, este documento proporciona toda la información acerca de los productos transportados, los medios utilizados, el emisor, el destinatario y algunos datos adicionales. Es entregado electrónicamente y autorizado por la administración tributaria utilizando los esquemas XML establecidos para tal fin.
Por último, en Ecuador la administración tributaria (SRI) exige las ‘Guías de Remisión’ (guía de entrega) para que cualquier bien sea transportado legalmente dentro del país. Como la infraestructura para sustentar la factura electrónica no está completamente desarrollada en el país, en algunos casos la administración tributaria permite que el contribuyente cumpla con esta parte del mandato solo contando con la factura electrónica emitida por el minorista que entrega la mercadería a sus clientes.
Si bien Colombia y Costa Rica no requieren un documento electrónico separado para autorizar el transporte de mercancías, se espera que en el futuro este requisito entre en vigencia, reflejando lo ocurrido en muchos otros países de la región.
El elemento común de todos estos mandatos en América Latina es que todos están estrechamente unidos al sistema de facturación electrónica impuesto en cada país. Básicamente son vistos como un módulo más del sistema de facturación electrónica, donde la información relativa a los bienes que se transportan por vía pública, fluvial, ferroviaria o aérea debe ser remitida a la administración tributaria a través de los esquemas XML establecidos para tal efecto.
Las administraciones tributarias de la región están mejorando activamente sus sistemas para garantizar que los movimientos de mercancías se controlen adecuadamente en tiempo real. En algunos casos las administraciones tributarias han brindado soluciones en línea, orientadas a contribuyentes con un número pequeño de entregas. Pero para todos los demás contribuyentes, se requiere una solución de implementación propia.
La obligación de cumplir con el mandato lo hace no solo la administración tributaria; también la policía y las autoridades de carreteras públicas, que habitualmente confiscan bienes por incumplimiento. Dado que estos mandatos han demostrado ser exitosos para controlar la evasión de impuestos y el contrabando, es seguro decir que los Remitos, las Guías de Despacho, Carta Porte o COT están aquí para quedarse y los contribuyentes que hacen negocios en América Latina no tienen más opción que cumplir con este nuevo requisito reglamentario.
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